(17 de diciembre del 2025) – El día de ayer, un grupo de sobrevivientes y el Centro de Documentación de los Derechos Humanos en Irán (IHRDC, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council, presentaron una acción penal en Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por la República Islámica de Irán durante las protestas “Mujer, Vida, Libertad” en 2022.
Entre las sobrevivientes que presentaron la denuncia y cuya identidad puede hacerse pública se encuentran Kosar Eftekhari y Mersedeh Shahinkar, a quienes las fuerzas de seguridad de la República Islámica dispararon a corta distancia, provocando la pérdida de vista en el ojo derecho, así como a Mahsa Piraei, cuya madre, Minoo Majidi, fue asesinada por las fuerzas de seguridad de la República Islámica, las cuales le dispararon con cientos de perdigones de metal. La denuncia alega que funcionarios y fuerzas de seguridad de la República Islámica son responsables de los crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos de género, asesinato, tortura y otros actos inhumanos, tal como lesiones oculares severas y ceguera.
Esta es la primera denuncia que se presenta en el mundo por víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por la República Islámica de Irán en el marco del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”. La denuncia se presentó ante un juez de instrucción en Argentina, solicitando la apertura de una investigación penal sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la República Islámica contra este grupo de sobrevivientes durante la brutal represión estatal contra las protestas vinculadas al movimiento “Mujer, Vida, Libertad”. Además, se le pide al tribunal argentino investigar a altos cargos de los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, la policía, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de la República Islámica, así como a funcionarios civiles del estado, por su participación en este ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
El asesinato de Minoo Majidi a causa de cientos de disparos con perdigones de metal captó la atención mundial cuando se volvió viral en redes sociales una fotografía de su hija, Roya Piraei, de pie junto a la tumba de su madre, con el cabello cortado y sosteniéndolo en su mano como gesto de protesta. Ahora, la otra hija de Majidi, Mahsa Piraei, reclama justicia para su madre, quien tenía 62 años cuando fue asesinada por fuerzas de seguridad de la República Islámica mientras protestaba por los derechos de las mujeres.
“En nuestro propio país, Irán, no pudimos obtener justicia por el asesinato de mi madre porque no existe un poder judicial imparcial ni un sistema judicial independiente”, declaró Piraei. “Hoy me alegro de que este crimen no haya logrado acabar con nuestra esperanza de que se haga justicia y que nuestros esfuerzos hayan dado fruto. Con la ayuda de abogados de derechos humanos, estamos presentando nuestro caso ante tribunales fuera de Irán. Creo que nuestra perseverancia como familias que reclaman justicia y nuestra determinación de preservar la dignidad humana constituyen una causa mundial que no entiende de fronteras”.
Mersedeh Shahinkar tenía 38 años durante las protestas “Mujer, Vida, Libertad” cuando las fuerzas de seguridad de la República Islámica le dispararon a corta distancia en el ojo derecho. Incluso después de la lesión y de dolorosas cirugías oculares, se puso un parche en el ojo y se reincorporó a las protestas para demostrar que la República Islámica no la había intimidado al punto de callarla.
“Nos mantendremos firmes, hasta nuestro último aliento, contra esta gran dictadura que ha provocado violaciones generalizadas de los derechos humanos en Irán y en Oriente Medio”, declaró Shahinkar. “Continuaremos nuestra lucha contra la República Islámica pese a todos los obstáculos y los intentos de obstaculizarnos”.
Kosar Eftekhari tenía 23 años durante las protestas “Mujer, Vida, Libertad” cuando las fuerzas de seguridad de la República Islámica también le dispararon en el ojo derecho a corta distancia. Su lesión quedó registrada en un video grabado en el momento del hecho, que se volvió viral en redes sociales y que muestra su ojo herido y la sangre corriendo por su rostro.
“Quienes me dispararon a mí y a mis compatriotas—a quienes vimos matar gente en las calles de Irán, matar iraníes a disparos—eran miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, afirmó Eftekhari. “En este país donde se abrirá este caso, nos presentamos como testigos vivos del carácter criminal del CGRI y de la República Islámica. Además, espero que esta acción se extienda de un país a toda Europa: que los líderes de la República Islámica y el CGRI sean juzgados por todos los países”.
La Constitución de Argentina (art. 118) y la Ley 26.200 dan potestad a los tribunales federales argentinos a investigar y enjuiciar delitos fundamentales internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros enumerados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, en Argentina no se exige la presencia física de los presuntos autores de los delitos en su territorio como requisito para el inicio de una investigación penal. En consecuencia, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la República Islámica dentro de Irán contra víctimas iraníes pueden ser investigados y enjuiciados por un tribunal federal en Argentina. Querellas similares han sido presentadas en Argentina en relación con crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, el genocidio contra el pueblo rohinyá perpetrado por las autoridades de Myanmar y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista en España.
“Lo más importante es que Argentina no exige que los perpetradores se encuentren en su territorio para comenzar a buscar justicia”, declaró Nizar El Fakih, miembro del equipo jurídico que presentó la denuncia. “Hoy, un grupo de mujeres iraníes víctimas de estas atrocidades está abriendo un nuevo camino, abriendo las puertas de la justicia a miles de mujeres y a la sociedad civil iraní. Es un poderoso recordatorio de que la justicia no conoce fronteras y de que ninguna atrocidad, por distante que sea, quedará impune”.
Más allá de las pruebas directas aportadas para sustentar las afirmaciones del grupo de denunciantes, la denuncia también se basa en las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán (FFMI, por sus siglas en inglés), un órgano de investigación establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre del 2022. En su informe de marzo del 2024, así como en sus informes posteriores, la FFMI determinó que la República Islámica era responsable de varios crímenes de lesa humanidad conforme al derecho penal internacional, entre ellos “asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución, desaparición forzada y otros actos inhumanos”. En dichos informes, la FFMI también confirmó que no existe una vía viable de rendición de cuentas a nivel interno en Irán y alentó a otros Estados que cuenten con marcos de jurisdicción universal o extraterritorial a abrir investigaciones sobre la represión ejercida por la República Islámica durante el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”.
“La violenta represión de la República Islámica contra las protestas de ‘Mujer, Vida, Libertad’ dejó más de 500 manifestantes muertos, miles de heridos y más de una docena de personas ejecutadas o condenadas a muerte—ejecuciones que continúan llevándose a cabo hasta el día de hoy”, afirmó Shahin Milani, director ejecutivo del IHRDC. “Esta denuncia es un paso importante hacia la justicia”.
La denuncia fue presentada por el grupo de sobrevivientes y el IHRDC junto con el abogado argentino Máximo Castex, y con el apoyo del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council.
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Para consultas adicionales en persa, inglés o español, o para concertar una entrevista con las denunciantes o con los abogados, póngase en contacto con inquiry@iranhrdc.org